Desde 1990, aproximadamente, organizaciones de la sociedad civil iniciaron un proceso para obtener un marco jurídico de reconocimiento al aporte que realizan en el desarrollo integral del país. Surgió como una necesidad para establecer una nueva relación entre gobierno-organizaciones de la sociedad civil fundada no en la discrecionalidad sino en un marco jurídico de estímulo y apoyo al quehacer de las organizaciones mismas, de respeto a su autonomía interna y de reconocimiento a la labor realizada en diversos campos, incluidos los derechos humanos integrales. La propuesta de una ley en ese sentido se definió a partir de dos cuestiones concretas.Por un lado, la aprobación de una miscelánea fiscal en 1990 que clasificó a las organizaciones civiles como sociedades mercantiles obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta; por otro lado, la posibilidad de que el poder ejecutivo promoviera una ley que, reformando las figuras asociativas existentes, estableciera una figura asociativa única y obligatoria que uniformara todas las expresiones de los grupos sociales con fines no de estímulo sino de control limitante de la autonomía interna de las organizaciones.

Después de un largo proceso de elaboración y discusión de más de diez años, la propuesta de la Ley de Fomento fue reconocida y adoptada por las instancias legislativas correspondientes y se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 2003 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004.

La propuesta inicial fue formulada en un espacio plural integrado por la Fundación Miguel Alemán, Centro Mexicano para la Filatropía, Foro de Apoyo Mutuo y Convergencia de Organismos Civiles que a lo largo de la formulación cuidaron que la propuesta mantuviera su carácter ciudadano y apartidista surgida de la participación de más de tres mil organizaciones en el país. 

Principal aporte de la Ley

Es un nuevo marco jurídico que viene a complementar las leyes ya existentes en materia de organizaciones civiles, que ayuda a superar la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades en relación al apoyo a las organizaciones y, sobre todo, que logra el reconocimiento jurídico de las actividades de las organizaciones como de interés y beneficio público. Sienta nuevas bases para una relación más transparente y de fomento entre la Administración Pública y las organizaciones civiles.